AGMER LO VIENE ADVIRTIENDO DESDE HACE DOS AÑOS.
AL RESPECTO SE REALIZARON MOVILIZACIONES LOCALES Y FRENTE A CASA DE GOBIERNO:

HOY, EL PROBLEMA ESTÁ INSTALADO EN TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS.









El normal desarrollo del ciclo lectivo” en las escuelas secundarias entrerrianas “está en peligro”, por la implementación de la nueva Ley de Educación (9890), que genera graves inconvenientes institucionales, reduce la carga horaria de las materias fundamentales en la formación de los alumnos, genera cambios curriculares apresurados y pone en riesgo la estabilidad laboral docente, advirtieron a AIM desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Los trabajadores de la educación exigen soluciones al gobierno.
Desde Agmer se asegura que está en riesgo el normal desarrollo de las clases por la implementación de la ley de Educación.

“Manifestamos públicamente nuestra profunda preocupación por las situaciones de irregularidad que se dan en este momento en el conjunto de las escuelas secundarias de la provincia”, señaló a esta Agencia la vocal de la Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en el Consejo General de Educación (CGE), Susana Cogno, en la conferencia de prensa que se realizó este viernes en la sede gremial.

La incertidumbre “es producto de la aplicación por parte del gobernador Sergio Urribarri y su equipo de gobierno de la nueva ley de Educación”, aseguró a AIM el secretario general de la principal organización docente entrerriana, César Baudino.

Cogno detalló que “no está garantizado el normal desarrollo de las clases, porque no se pudo llevar adelante el proceso de reordenamiento institucional que afectó no solamente el desarrollo pedagógico sino, fundamentalmente, las condiciones laborales”.

Al respecto, señaló que la apresurada implementación de la norma produce “consecuencia institucionales graves; hay escuelas que tienen profundos momentos de desorganización y crisis, donde no se pueden llevar adelante los procesos de carga de los docentes en el sistema operativo del CGE, por lo que los docentes no pueden cobrar en tiempo y forma”.

Además, “las escuelas secundarias atraviesan profundos conflictos institucionales, porque no se puede arreglar la caja curricular, no se puede ordenar el horario para desarrollar debidamente las materias”, dijo la docente, quien puntualizó: “no se pueden acomodar las cargas horarias de los profesores, porque la reforma se hace con menos horas cátedra del dictado de los contenidos, donde los titulares que desempeñaban su tarea en turno ahora deben realizar una parte de su tarea frente a alumnos y otra en horas extras, fuera del horario”.

A eso se suma que “faltan aulas, por lo que hay chicos que no encuentran su inserción en la escuela secundaria, más allá de que esto debería haber sido planificado desde el 2006”.

Con la nueva Ley provincial, “hay menos horas de cátedra; cada curso tiene entre cinco y seis horas menos”, y ejemplificó: “antes había seis horas semanales de Matemática y ahora se dan cinco, lo mismo ocurre con Lengua”. Otro problema es la modificación de los nombres de las materias, por lo que se debe modificar la totalidad del contenido curricular: “Se produjeron graves consecuencias del ajuste curricular, porque hay un recorte en contenidos”.

Cogno aclaró que estas consecuencias de la implementación de la ley fueron advertidas por el sindicato en 2009: “venimos con una continuidad de acciones de denuncia desde el 2009 de lo que la gestión de turno del gobierno llamó la implementación de la nueva escuela secundaria, lo que ellos denominaron la resignificación de la escuela secundaria”, y recordó que la advertencia “tuvo su punto máximo cuando la entidad le solicitó a las autoridades del CGE la no implementación, porque pone en serio riesgo la estabilidad docente y el trabajo pedagógico en las aulas”.

“Estamos en estado de emergencia educativa y es necesario que el conjunto de la sociedad, todos aquellos que no fuimos consultados ni tenidos en cuenta en este proceso de reforma comiencen a participar activamente”, dijo y agregó que el gobierno debe convocar a “los padres, alumnos y el conjunto de los trabajadores de la educación, quienes ven en peligro su estabilidad laboral, las condiciones laborales que desempeñaban y la posibilidad de una escuela pública con garantía para todos los sujetos”.