Más del 90 por ciento de los trabajadores de la educación pública adhirieron al paro de este martes en Villaguay. A nivel provincial la adhesión fue del 90 %. Exigen mayor presupuesto para evitar que termine de colapsar la educación pública. Salarios, condiciones laborales dignas y pautas pedagógicas son los ejes del conflicto.
Ante ese desolador y distópico escenario, son los docentes quienes salen con sus tizas para escribir en la calle que la educación pública, laica, gratuita y universal “no se vende, se defiende”.La educación como mercancía es el debate de fondo que el gobierno niega blanquear. Son las gestiones de Mauricio Macri (a nivel nacional) y de Gustavo Bordet (en la provincia) las que profundizan un modelo de exclusión educativo que fomenta la división de la clase trabajadora mediante la “escala del nivel educativo”. El fortalecimiento de las instituciones privadas y las privadas subsidiadas por el propio Estado (que estimula la desigualdad y terceriza el derecho) y el debilitamiento y cierre de cursos en escuelas públicas exponen crudamente la decisión de Estado de reforzar un sistema para ricos y, otro, para pobres.
El paro de este martes “fue contundente, con más de un 90 por ciento de adhesión en todo Entre Ríos”, afirmó a AIM la secretaria de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en la Comisión Directiva Central (CDC) por la agrupación Rojo y negro, Alejandra Gervasoni, quien afirmó: “Hay mucho malestar porque los salarios no alcanzan; una canasta básica total que marca la línea de pobreza supera los 12.000 pesos y un docente cobra 8.700 pesos, es decir, hay salarios por debajo de la línea de pobreza que tocan la línea de indigencia”.
Además, “las escuelas se caen a pedazos, lo que no permite enseñar y aprender dignamente y pone en serio riesgo el bienestar físico de los estudiantes, docentes y no docentes que concurren a esas instituciones”, dijo la profesora, quien subrayó que “esto es parte de la desidia de estos últimos años de gobierno con funcionarios que hoy son investigados por la justicia”.
En ese marco, Gervasoni opinó que “el gobierno de Gustavo Bordet tendría que tomar apuntes y comenzar a cumplir con lo que quedó pendiente a principio de año, ya que se habían comprometido a retomar en el segundo semestre la discusión salarial”. Sin embargo, la dirigente sindical aclaró que Agmer no quiere un ‘bono de fin de año’ como propuso el gobierno nacional ya que implicaría montos en negro, por lo que exigen un doble aguinaldo para fin de año, para que también impacte en los jubilados.
La práctica docente es una evaluación constante
Por otro lado, la profesora criticó la Prueba de Evaluación Educativa Aprender 2016 del gobierno nacional, ya que argumentó que los docentes no necesitan de un test de este tipo “digitado, menos que sea múltiple choice, ya que el profesor está constantemente evaluándose; la práctica docente es una evaluación constante, porque eso permite ver qué le falta o no a un chico para llegar a los conocimientos”.
En ese sentido, apuntó que el operativo responde a criterios puramente economicistas del Banco Mundial que obedece a una lectura de los gobierno y las entidades financieras internacionales que quieren hacer caer todo el peso de la responsabilidad de la crisis del sistema educativo en los docentes; pusieron al docente como eje de esta contra-reforma educativa pensando como si todos los problemas son responsabilidad de docentes que no escuchan, que no saben enseñar, por lo que tiene una intencionalidad política de avanzar con medidas que comiencen a avasallar los derechos de la educación.
La resistencia docente complicó la aplicación del Aprender en Entre Ríos
Cabe recordar que la semana pasada “la realidad desmintió lo que publicó hace poco el gobierno en los medios gráficos acerca de que había muchos docentes en la lista de espera para ser evaluadores”, de la Prueba de Evaluación Educativa Aprender 2016, afirmó a AIM el secretario general de la seccional Paraná Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Claudio Puntel.
Precisamente, la implementación del Operativo Aprender que (por el que el gobierno pretendía estandarizar la prueba de evaluación educativa para elaborar un diagnóstico de la educación en el país) tuvo dificultades en Entre Ríos, aseguró a esta Agencia Puntel, dirigente de la línea más dura de Agmer.
“La realidad desmintió lo que publicó hace poco el gobierno en los medios gráficos acerca de que había muchos docentes en la lista de espera para ser evaluadores”, dijo lapidariamente.
Contra-reforma educativa
En Argentina “hay un sistema educativo en sus orígenes, más allá de las críticas, que tenía como virtud que era público, laico y universal y lo que apunta la contra-reforma es desandar el sistema, es decir, hacer un sistema funcional a sus intereses (de los empresarios) y diferenciarlo por las clases sociales”, explicó a esta Agencia Luís Meiners, sociólogo y referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores-Nueva Izquierda.
La prueba “sostiene los lineamiento educativos del Banco Mundial (Profesores excelentes), que obedece a una lectura de los gobierno y las entidades financieras internacionales que quieren hacer caer todo el peso de la responsabilidad de la crisis del sistema educativo en los docentes; pusieron al docente como eje de esta contra-reforma educativa pensando como si todos los problemas son responsabilidad de docentes que no escuchan, que no saben enseñar, por lo que tiene una intencionalidad política de avanzar con medidas que comiencen a avasallar los derechos de la educación”. Al respecto ejemplificó que “es conocido que este tipo de operativos tienden a una fragmentación del sistema educativo, donde hay escuelas de excelencia y, otras, que no reciben esa categoría y eso impacta sobre los recursos que se asignan y en la tarea docente”.
PRENSA Agmer Villaguay
Fuente: AIM
