Reafirmar nuestro rol e identidad como trabajadores de la educación, repudiar y exigir su inmediata derogación. Además de ser inviable su cumplimiento por cuestiones que van desde la falta de medios tecnológicos, hasta la falta de tiempo real, debiendo resignar nuestra verdadera función, que es la pedagógica, para transformarla en una función meramente administrativa, adoleciendo de vicios que justifican su nulidad al ser anticonstitucional, pues su verdadero objetivo es coartar el derecho a huelga, y pretender frenar la lucha por salario, presupuesto educativo, condiciones dignas para enseñar y aprender, por una escuela pública al servicio del pueblo entrerriano.
Es el estado, a través del CGE quien incrementa el conflicto, pretendiendo efectuar descuentos salariales que implican la apropiación administrativa de una parte sustancial del derecho de propiedad del trabajador sobre su salario, pasando por alto que es el propio trabajador de la educación quien sostiene el sistema educativo con su trabajo cotidiano, a través de la realización de tareas que los educadores cumplen voluntariamente y que son de alto valor real y simbólico en defensa de la escuela pública y por los cuales no perciben ninguna retribución.
Por otra parte, aunque solapadamente, se nos está pidiendo renunciar a un derecho constitucional, incriminando a todos los docentes y acusándonos de ejercerlo.
Repudiamos fuertemente los constantes mensajes intimidatorios por parte del CGE, considerando que atentan contra las garantías de los trabajadores de nuestro sector para obrar con libertad sindical y dejamos en claro que no somos los equipos de conducción directiva, figuras de “contralor docente”, ni funcionarios de gobierno para incriminar a quienes defienden sus legítimos derechos constitucionales.
