| SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! Desde la Agrupación Rojo y Negro Villaguay repudiamos en forma enérgica la imputación de nuestro compañero docente y militante CÉSAR PIBERNUS por lo acontecido en Concordia el sábado 2 de agosto en el marco de la defensa del agua y la vida en contra del fracking. BASTA DE PROCESAR A LOS LUCHADORES SOCIALES! Área Prensa Rojo y Negro Villaguay. %2B-%2Bcopia%2B-%2Bcopia.jpg) HAY UN NUEVO AMBIENTALISTA IMPUTADO POR IMPEDIR EL PASO DE CAMIONES DESTINADOS A OPERACIONES DE EXTRACCION DE FRACKING | |
| CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 20 AGO (APFDigital) | Fecha Actual: 20/08/2014 22:52:07 |
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- El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay imputó a un nueva persona en la causa iniciada contra asambleístas por haber impedido el sábado 2 de agosto en la ruta 015 el paso al Uruguay de camiones vinculados con operaciones de extracción de fracking • Se trata del docente y militante social de Chajarí, César Arístides Pibernus, que fue citado a indagatoria para el 8 de septiembre, informó a APFDigital el abogado defensor de los asambleístas, Guillermo Grandi • Por otra parte, indicó que a pesar de que ya está vencido el plazo, el Juez no resolvió la situación procesal de las otras cuatro personas detenidas • Mientras tanto, sigue la ronda de testimoniales en la causa
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“En el expediente Pibernus figura como uno de los cabecillas” de lo sucedido aquel sábado por la noche en la ruta 015, cuando un grupo de personas intentó impedir el paso al Uruguay de camiones vinculados con operaciones de extracción de fracking, dijo el letrado. “Él, al momento de la detención no estaba en el lugar, pero fue individualizado por Gendarmería y ahora fue citado a indagatoria” por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró, señaló. Cabe recordar que a los imputados se les atribuye la obstaculización o entorpecimiento de servicio público (porque se los acusa de haber cortado la ruta) y atentado contra la autoridad. • Irregularidades “Todavía no se resolvió la situación procesal de los cuatro asambleístas detenidos el 2 de agosto, a pesar de que desde la indagatoria -que fue el 5 de agosto- el Juez tenía 10 días corridos para resolver si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito”, sostuvo Grandi. Para el letrado esta situación “es irregular”, ya que ya debería haber tomado una definición o, si considera que no tiene los elementos para hacerlo, tendría que haber solicitado una prórroga. Teniendo en cuenta que este miércoles comenzaron las testimoniales, que continuarán este jueves, estimó que una vez que culmine esta etapa “resolverá la situación procesal” de los imputados. Otra de las irregularidades que marcó Guillermo Grandi “es que la orden judicial no existe, por lo que no está agregada al expediente” y eso constituye “una violación al Código Penal”. “Por ejemplo, en caso de flagrancia se puede detener sin orden del juez, pero dentro de las seis horas de la detención se debe poner al detenido a disposición del Juez”, explicó, al tiempo que agregó que “el artículo Nº 286 del Código dice que ‘el funcionario o auxiliar de la policía que haya practicado una detención sin orden judicial deberá presentar al detenido inmediatamente en un plazo que no exceda de seis horas, ante la autoridad judicial competente’”. “En tanto el artículo 283 dice que la orden será escrita, debiendo contener los datos personales del imputado, los hechos que se le atribuyen y será notificado en el momento de ejecutarse o inmediatamente después”, añadió en declaraciones realizadas a esta Agencia. • “No son delincuentes” Días atrás Guillermo Grandi aseguró que hay que tener en cuenta la situación en la que fueron detenidos el 2 de agosto cuatro de los ahora cinco imputados. “Se trata de militantes sociales que estaban llevando adelante una actividad que tenía como fin preservar y garantizar derechos ambientales”, aseveró. “Hay que darle a este tema la dimensión que se merece y enfocar el tema desde esa perspectiva”, sostuvo el abogado, que tiene un posgrado en Derecho Ambiental. “No eran cuatro delincuentes internacionales que estaban por atentar contra la represa de Salto Grande”, dijo. “Si no se le da la dimensión que corresponde al bien jurídico tutelado, que está garantizado en el articulo 41 de la Constitución de la Nación, y que es la preservación del medio ambiente; si no se entiende que la sociedad civil actúa en función de la preservación de ese medio ambiente; y si la Justicia no le da a este tipo de situaciones la consideración que merece, es muy difícil que podamos avanzar hacia una sociedad sustentable”, concluyó. (APFDigital) | |||||||||||||||||||||
