El pataleo de los policías amotinados a principio de mes en Concordia y la claudicación del poder político ante esos desplantes motivaron una rápida modificación de la Ley Tributaria que hace base, esencialmente, en el aumento de todos los impuestos que pagan los entrerrianos. La ley salió de apuro porque los policías levantiscos no querían esperar. El gobernador Sergio Urribarri cedió ante el sector al que había calificado de “sedicioso” y ahora hay que pagar esa promesa. ¿Quiénes la pagan? Los entrerrianos todos. El texto, además de dejar una fuerte presión impositiva para el conjunto de la ciudadanía, aporta perlitas que hablan del descuido con que fue elaborado.
Jorge Riani
Especial para ANÁLISIS DIGITAL
Se sabe: el impuestazo entrerriano aumenta entre entre el 20 y el 30% los impuestos inmobiliario y automotor, al tiempo que elimina beneficios obtenidos por distintos sectores. Crea el impuesto de entre el 2 y el 5% a los juegos de azar, y la alícuota de ingresos brutos subirá al 4,5% y se eliminan exenciones que databan de los Pactos Fiscales de 1994. Aumentan también las alícuotas en seguros, industrias radicadas en otras jurisdicciones, empresas de servicios agrícolas, telefonía fija y celular, y se eleva al 5% la alícuota a las grandes empresas que venden en Entre Ríos. Hay incrementos en los tributos a las estaciones de servicio y los combustibles, lo que generará un lógico arrastre en los precios. También al servicio de televisión por cable e internet.
La suba de impuestos fue celebrada por dirigentes gremiales, que festejaron y aplaudieron el resultado de aquella sesión presidida por el gremialista y diputado multimillonario José Ángel Allende. Hay que admitir que Allende ni chistó pese a que el impuestazo apunta también a artículos relacionados con altos patrimonios, como embarcaciones de recreación y autos de alta gama, quintas, aras, departamentos de lujo. Aunque no dice nada la nueva ley sobre el dinero en cuestas bancarias del exterior.
La ley nueva salió a los apurones y no repara en detalles. Tanto es así que lo que aprobaron los diputados oficialistas grava, por ejemplo, a los prostíbulos, que aparecen encuadrados dentro de la categoría de “espacios de esparcimiento”. “Boites, cabarets, cafés-concert, dancings, clubes nocturnos, confiterías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y establecimientos análogos cualquiera sea la denominación utilizada” menciona la ley recientemente aprobada, y fija el impuesto en 9 por ciento.
Un año, exacto, antes de que se publique la nueva ley tributaria, es decir el 20 de diciembre de 2012, el mismo Boletín Oficial inscribía la Ley 10.186, que prohíbe los prostíbulos en todo el territorio provincial y ordena el cierre de los existentes.
Sin embargo, la nueva ley le fija un impuesto.
En abril de este año 2013 que gasta sus últimos días, Urribarri promulgó una ley que fija multas para quienes promocionen los prostíbulos, y lo hace estableciendo el pago en unidades fijas denominadas UF, “cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial”.
La política de cierre de prostíbulos orientado al destierro de la trata de personas se estrella contra el texto de la ley recientemente aprobada por la Legislatura y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Está claro que la mención de los cabaret responde al descuido general y no a fijar, efectivamente, un impuesto a una actividad que se persigue. Eso explicaría que también aparezcan en el texto recientemente aprobado el gravamen a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, más conocidas como AFJP.
Las AFJP ya no existen en Argentina, desde que la presidenta Cristina Kirchner enviara en octubre de 2008, un proyecto al Congreso de la Nación para poner fin al sistema de jubilaciones privadas y reorganizar el sistema de reparto estatal de jubilaciones.
No obstante, este mes Entre Ríos le fija el seis por ciento de gravamen y las encuadra dentro de “servicios financieros y otros servicios”. Estamos, entonces, ante una ley nueva que nace con algunos tramos obsoletos.
A algunos empresarios les preocupa más que los detalles un aspecto por el cual han puesto a sus abogados a estudiar el texto: la doble imposición de las actividades. Se sabe que resulta inconstitucional cobrar dos impuestos por una misma actividad, y algunos productores están viendo que el texto nuevo cobra lo que ya cobra el Estado nacional. Así, un abogado de renombre anticipó a ANÁLISIS DIGITAL que está estudiando cuestionar la constitucionalidad del texto.
En su desesperada búsqueda de dinero para cumplir con los policías y otros gremios estatales, creó impuestos y aumentó la presión tributaria con los ya existentes. Lo que hicieron los dos poderes estatales involucrados en el impuestazo es lo más parecido a fabricar billetes ante la necesidad de contar con dinero. Incluso tiene una inexorable consecuencia inflacionaria.
Lo que hizo el gobierno es una apuesta fuerte a la inflación. ¿O quién va a pagar el aumento de ingresos brutos de la actividad comercial? Resulta obvio que el impuestazo se trasladará a los precios, entre otras cosas porque el gobierno no ha dicho que piensa evitarlo y en tal caso cómo lo haría.
No se entiende bien cuál es el motivo de festejo de los sindicalistas que representan a trabajadores agremiados pero que son también ciudadanos que deberán pagar más impuestos.
El Estado no resolvió el problema de fondo, sino que echó mano al bolsillo de los ciudadanos para cumplir con sus obligaciones de empleador.
Recaudador
Ha dicho el titular de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, que el Estado debe procurar los recursos para atender sus obligaciones. Obvio. El punto es que esa tarea de procurar el recurso, viniendo de un Estado que celebra una “década ganada” podría ser mediante una actividad que genere recursos genuinos: industrialización o prestación de servicios públicos estatales por ejemplo.
Si en seis años de gestión, este gobierno debe echar mano a un impuestazo, algo no salió bien. Quizás signifique esta desesperada necesidad de aumentar los impuestos que las promocionadas incubadoras de empresas, que la construcción de la provincia como “fábrica de alimento”, que la dinamización de la economía no pasaron de la letra a los hechos.
El Estado utilizó sus facultades para “resolver” un problema que tiene como empleador. Y esa solución no es otra que meter la mano en los bolsillos ya expoliados de la población entrerriana.
Casaretto celebra que haya un “Estado presente”. Presente para aumentar los impustos, habrá que decir; un Estado ausente para la generación de empleos, para la industrialización.
La mención más arriba de las AFJP viene bien para dar pie a otro tema que surgió en medio del impuestazo: la omisión de reclamos del gobierno entrerriano al gobierno argentino. Cuando Néstor Kirchner era presidente de la República, prometió que compensaría a Entre Ríos por todos los aportes que hizo al sistema jubilatorio nacional, en tiempos en que la Nación se llevaba las cajas previsionales de otras provincias, y la entrerriana debía ayudar a solventarlas, siendo que no se había desentendido de la propia. Es decir que como Entre Ríos pagaba por cajas ajenas, Kirchner devolvería el esfuerzo en dinero.
Llegó muy poca plata y la promesa cayó en saco roto. Frente a eso, Urribarri dijo que no reclamaría a la Nación, pero lo dijo en tiempos de dinero fácil. Ahora hay escasez y los gremialistas estatales no cooptados y la oposición le piden que reclame a la Casa Rosada lo que es de los entrerrianos.
La situación urge: la Caja de Jubilaciones tiene un déficit anual de no menos de 800 millones de pesos. Por eso vendría bien –y sería justo– que la Nación devuelva el 15 por ciento de la coparticipación que se expolió a Entre Ríos en la década menemista y que sigue perpetuando la “década ganada”. Y no que siga exprimiendo los bolsillos de sus mandantes.
La relación entre Nación y Provincia sigue siendo la misma que dejó sentada el menemismo, con los pactos fiscales y las resignaciones del peronismo entrerriano frente al poder del riojano mediante.
Este mes se aprobó una reforma impositiva que es presentada como la que impulsó la Central de Trabajadores Argentinos en Entre Ríos oficialista, y no la regional, que es la que se encuentra protestando precisamente por los sueldos y la falta de generación de recursos genuinos. Igual, el gobierno habla de la iniciativa de la CTA, al tiempo que desde las más altas esferas del organismo recaudador admiten que el proyecto “se ha profundizado con aspectos adicionales”. Un extraordinario eufemismo para denominar el impuestazo.
