Preocupa a los estatales la versión que indica que el gobierno
aumentaría la edad jubilatoria, “modificando los regímenes especiales de
la edad, entre ellos, docentes, policías, trabajadores vinculados a la
salud mental, así como otras actividades relacionadas a la
insalubridad, riesgo y desgaste físico anticipado”, afirmó a AIM el
secretario de Jubilados de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre
Ríos (Agmer), Roque Santana. “La manera coercitiva del gobierno
nacional de relacionarse con las provincias, entrampó, y no existe el
temple político en las autoridades para resistir la presión”. Sin
embargo aclaró: “no habrá reforma; los trabajadores resistiremos ‘a capa
y espada’, y la evitaremos. Por sobre los políticos que se arrodillan
frente al poder central,lograremos una actitud federal, republicana y
artiguista”.
Santana se refirió a las versiones que circulan –cada vez con más
fuerza- de una posible reforma jubilatoria que incluiría, además del
aumento de la edad, acrecentar el aporte personal, “que ya es el más
alto en Argentina, y que jubilados y pensionados vuelvan a aportar.
Versiones hay muchas, pero lo que es más que extraño es que piensen en
aumentar la edad, porque no resolvería el déficit. El gobierno patrón
debe recordar que nunca solucionó las condiciones laborales que generan
envejecimiento temprano”.
Santana precisó que “en el caso de los docentes, claramente hay una
ecuación que permite sustentar el haber del jubilado, ya que hay más de
37.000 activos aportantes que se acrecientan mensualmente por las
suplencias -arriesgo 7000 aportes mensuales más- para 13.000 jubilados
trabajadores de la educación. Queda a las claras que si (el gobierno)
insiste con esta reforma es un ensañamiento, un disgusto político que
tiene con el sector, porque mantenemos la independencia del poder
político. Tanto en Agmer como los docentes en general, somos muchos y
eso se vio en la última elección en el Consejo General de Educación”.
Armonización: ¿obligada?
Santana se refirió luego al decreto 2100/08, que aprueba el Convenio
para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de
Entre Ríos, suscrito el 17 de octubre de 2008. Sobre este punto agregó:
“entiendo que la manera coercitiva de relacionarse del gobierno nacional
con las provincias, entrampó. Entonces no existió ni existe ahora el
temple político de las autoridades para no ceder a la presión, pero a
grandes rasgos, el decreto se contrapone con el artículo 14 la ley
provincial 8732, que plantea que frente a situaciones deficitarias, el
Poder Ejecutivo Provincial y los municipales, deben prever los recursos
para cubrirlos en los respectivos presupuestos”.
“No habrá reforma”
Sin embargo, el dirigente ratificó que “no habrá reforma, porque los
trabajadores la evitaremos. Y sobre los políticos que se entregan frente
a la presión del poder central, mientras primen este tipo de
representaciones, nadie puede garantizar que mañana digan lo contrario
de lo que hoy afirman como verdad. La ley 8732 surgió -en su momento-
frente a la privatización del sistema previsional a nivel nacional, que
hoy está en manos del Anses. No debería haber una regresión, si es que
los recursos del Anses se utilizan para lo que son, para seguridad
social, para pagar jubilaciones como lo han indicado hasta los fallos de
la Corte Suprema de Justicia, no como un banco del gobierno nacional.
Nosotros acompañamos el paso a manos estatales, pero para que los
jubilados estén mejor y que el Estado cumpla sus deberes
constitucionales, no para otro fin”.
El protagonismo de los trabajadores
Párrafo aparte dedicó Santana al protagonismo de los trabajadores:
“debemos tomar el mayor de los protagonismos. Quienes nos representan
deben tener en claro que se deben a lo que resuelven las bases. Por eso
confío en que conservamos dignidad de clase; todos somos ciudadanos que
debemos regresar y mirar a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a
nuestros pacientes, a nuestros alumnos, a nuestras madres, al vecino, y
mostrar que tenemos dignidad, que no nos damos por vencidos. Estoy
convencido y deseo fervientemente que prime la dignidad. Y a los que
representan otros intereses, deben y tendrán que soportar el descontento
popular. Ellos evaluaran a quiénes quieren representar”.
Santana insistió en que “la reforma no existirá si articulamos una
lucha en unidad de todos los trabajadores. El mismo gobernador (Sergio
Urribarri), dio datos que demuestran que no hay déficit: los 1140
millones que adeuda nación constituyen casi el doble de la deuda que se
plantea como existente. La realidad es que desde 1992, la nación se
queda con el 15 por ciento de la coparticipación”.
Soluciones que podrían revertir el déficit
Para el dirigente de Agmer, hay varias posibilidades para mejorar la
ecuación provincial: “pasar a contratos de servicios o planta permanente
a los más de 5000 agentes contratados de obra, que aportan a nación y
desfinancian provincia. Otra solución sería que las cajas municipales
paguen las jubilaciones que se originaron y originan en sus Estados, y
que no sólo estén para recibir aportes de activos, sean éstos personales
o patronales. No son bancos municipales, ni cajas de préstamos o
empresas de inversión, son cajas previsionales. Para sustentar las
jubilaciones, el sistema de reparto necesita que todos aporten fondos”.
El sindicalista aconsejó revisar “las jubilaciones otorgadas sin
previsión para que sean sustentables, como aquellas no contributivas.
Antes de concederlas, el gobierno debe prever los fondos, con recursos
que no sean de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. Y debería ser muy
estricto en que los fondos que para pagar las jubilaciones de amas de
casa surjan del Iafas. Por último, aplicar para todos, la fórmula de
cálculo para los haberes previsionales en los últimos 120 meses de
actividad, a fin que no se tome el último cargo para jubilar al
empleado, que en este caso puede ser un legislador, con una fortuna en
sus haberes. Y cumplir con el principio de caja otorgante, es decir, que
el trabajador se jubile en la que realizó más aportes en la vida
activa. Y ni que hablar que dejar de resignar el 15 por ciento de
coparticipación, generador de todo déficit y desigualdad”.
RESISTIREMOS A CAPA Y ESPADA LA REFORMA DE LA CAJA DE JUBILACIONES DE LA PROVINCIA.
