CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA PALABRA ... VERDADES.

Desde la Seccional Paraná de Agmer queremos manifestar nuestra indignación respecto a las expresiones vertidas por varios dirigentes gubernamentales que priorizan resguardar una elite política antes que realizar una autocrítica sobre su gestión y retractar sus políticas en pos de cumplir su mandato soberano que dan los procesos democráticos. Con mucha liviandad el Poder Ejecutivo publica cartas abiertas haciendo uso de aseveraciones difamatorias con el único fin de confundir y desentenderse de su responsabilidad en la aplicación de políticas sociales. Según estas afirmaciones pareciera que nuestra provincia y nuestra nación se han encontrado acéfalas en los últimos años, por lo menos así se plantea en educación. Entonces, ¿qué han hecho en este tiempo el funcionariado nombrado en el Estado?, acá en Entre Ríos pareciera que no hubo poder ejecutivo, legislativo ni tampoco judicial en los últimos años.
En la carta abierta publicada con fecha 7 de mayo del corriente año, se toma como ejemplo y referencia al año 2008. Recordamos que al terminar ese año y al principio del 2009, este gobierno realizó propaganda oficial agradeciendo a la docencia por su trabajo y responsabilidad en la tarea educativa. Lo realizado en Entre Ríos era planteando como ejemplo para otras provincias en materia educativa. En el año 2006 el Ex Ministro de educación de la Nación Daniel Filmus ponía como ejemplo a la provincia de Entre Ríos. Sin embargo el gobierno sigue diciendo que los responsables de la desinversión en educación somos los docentes, las comunidades educativas y su sindicato el Agmer.
No aceptamos que se hable con tan poca seriedad.
Cuando se implementaron las políticas educativas en la década de los 90, la presidenta del CGE era Blanca Osuna, hoy devenida en Diputada Nacional presidenta de la Comisión de Educación de esa Cámara, impulsora de la nueva Ley Nacional de Educación. La hoy presidenta del CGE, Graciela Bar, en esa década era Senadora Nacional también en la Comisión de Educación. Todos estos legisladores y otro funcionariado político que nunca se fueron y siempre reciclaron, tuvieron políticas en consonancia con el modelo neoliberal impulsado por Menen. No nos extrañemos si pronto vemos que algunos de los ministros en cuestión se postulan como candidatos en el 2011, ellos seguramente dirán: “no tuvimos nada que ver con lo que pasó antes”...
Las políticas de exclusión fueron resistidas por nuestro sector (AGMER) en unidad con otros trabajadores con y sin trabajo. En esa época denunciábamos que las improvisaciones y las políticas emanadas desde una matriz ideológica privatista significaría que los sectores populares padeceríamos una mayor desigualdad social golpeando con mayor impacto en los sectores más empobrecidos. El gobierno hace mención que en Entre Ríos bajó la cantidad de personas que tienen acceso al conocimiento. ¿De qué se sorprenden si fue el objetivo de las políticas implementadas desde el poder? Estos funcionarios siempre apoyaron estas políticas de exclusión. En aquella década denunciamos que la desnutrición a la que éramos expuestos los sectores populares, significarían posteriormente daños neurológicos y psicológicos que influirían negativamente en los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, no se nos escuchó. Hoy visitan escuelas rurales cuando hace 3 años cerraron más del 50% de las que existían. Hoy en día no pagan las becas rurales, no pagan un traslado acorde a los valores reales a los docentes que se trasladan ¿de qué hablan cuando dicen que el compromiso debe ser con la educación de los niños?
Les dijimos que no improvisaran experimentando recetas mandadas desde el exterior con el sistema de educación público, pero de hecho… no escucharon.
Lo terrible de este gobierno es que gasta miles de pesos en solicitadas cuando a la vez en las escuelas abarrotadas de alumnos con necesidades alimentarias, envían partidas de $ 1, 25 por ración y por día. ¿El ministro de turno le dará de comer a sus hijos por ese dinero?... la respuesta es obvia. Por eso sostenemos que se deben implementar políticas universales que signifiquen que los derechos como el de la alimentación no se puedan comprar, sino que el Estado debe ser garante de los mismos y hacer todo para asegurar el alimento a estos chicos.
Como entidad gremial siempre planteamos la necesidad de salarios dignos constitucionales, para que los trabajadores de la educación no debiéramos salir a tomar otros trabajos para poder mantener nuestras familias, la respuesta fue antaño la misma que ahora… nada. Con un salario que no llega a lo elemental para la subsistencia ni nos asegura el Derecho Constitucional a una vida dignase nos prohibe el acceso a los bienes culturales Se implementó la Ley Federal de Educación en Entre Ríos y cumplió su fin. Escuelas públicas pobres para la gran mayoría de ciudadanos y Escuelas de elite para los que tienen recursos económicos para pagar el servicio. Decimos servicio porque ellos los gobernantes son los responsables de que la educación haya dejado de ser un derecho para ser un servicio dentro de las leyes de mercado. Lamentable lo del ministro de gobierno, diciendo que hay entrerrianos que si ejercen el derecho constitucional a la huelga serán castigados, no solos ellos sino sus familias y los hijos de estos trabajadores. Preguntamos, ¿los hijos de los docentes no son entrerrianos? ¿no van a escuelas públicas? ¿el gobierno no debe bregar por el bien común de todos?, ¿cómo es eso de andar amenazando? Es una vergüenza que en períodos democráticos el ministro Bhal plantee mecanismos extorsivos como los de la represión de la dictadura. ¿Creen que somos ilusos e hipócritas? Cuando nosotros repudiamos los procesos dictatoriales no nos quedamos con que la vulneración de DDHH estuvo solo en las manos de genocidas; el gobierno era de facto. El que viola los DDHH es el Estado y en esta oportunidad, aunque sea democrático, lo está haciendo. En gobiernos democráticos, se hambrean familias enteras por que los padres ejercen el derecho a huelga. Qué dirá la historia de este gobierno popular que intentado en lo formal destruir todo atisbo de reclamos de los trabajadores por justicia social, después se llena la boca con la Constitución del 49, hablan de Evita y les entronizan placas en las escuelas a los luchadores sociales victimas el genocidio de Estado. Les aclaramos que nosotros no valemos una diputación, ni un cargo en el gobierno. Somos y seremos trabajadores, sabemos nuestro origen, somos fieles y leales a los mandatos de los compañeros docentes, no tenemos una conducta cuando gobierna tal o cual partido. Siempre tenemos la misma convicción y es buscar democráticamente la justicia social. Para que no quede como una expresión hueca, justicia social significa, educación pública para todos, condiciones laborales, salud, vivienda, salarios dignos en blanco, “constitucionales”, régimen de seguridad social que esté a favor de los jubilados y no de las automotrices y los bancos. No han triunfado sus políticas de entrega y desigualdad, seguimos resistiendo en defensa de la educación pública y la dignidad de los trabajadores de la educación. Nos queda mucho por reconstruir y mucho por cuidar. Estamos de pie. No les permitiremos que destruyan la educación pública ni renunciaremos a nuestra dignidad como trabajadores.

Comisión Directiva Departamental de Agmer Paraná.